R-DCA-0184-2018

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa.

San José, a las catorce horas del veintidós de febrero de dos mil dieciocho.---------------------------

Recursos de objeción interpuestos por MANEJO INTEGRAL TECNOAMBIENTE S.A. y por

WPP-CORICLEAN LOS PINOS WASTE DISPOSAL S.A., ambos en contra del cartel de la

licitación pública No. 2018LN-000002-MUNIPROV promovido por la MUNICIPALIDAD DE

CARTAGO para la “Contratación de servicio de tratamiento y disposición de residuos sólidos,

por un período de hasta doce meses con opción de ser prorrogado hasta por tres períodos

iguales”.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RESULTANDO

I. Que la empresa Manejo Integral Tecnoambiente S.A. interpuso recurso de objeción en contra

del cartel de la licitación pública de referencia, mediante remisión de documento con firma

digital vía correo electrónico que ingresó a esta Contraloría General el siete de febrero de dos

mil dieciocho al ser las quince y veintiocho horas; siendo que presentó documento físico original

el ocho de febrero de dos mil dieciocho al ser las catorce horas siete minutos. ------------------------

II. Que la empresa Manejo Integral Tecnoambiente S.A. mediante remisión de correo

electrónico que ingresó a esta Contraloría General a las doce horas treinta y siete minutos del

ocho de febrero de dos mil dieciocho, solicita considerar el recuso que se adjunta a dicho correo

dado que afirma haber agregado información al documento.------------------------------------------------

III. Que la empresa WPP Coriclean Los Pinos Waste Disposal S.A. interpuso recurso de

objeción en contra del cartel de referencia mediante presentación de documento físico original

recibido en esta Contraloría General el ocho de febrero de dos mil dieciocho al ser las once

horas dieciséis minutos. -----------------------------------------------------------------------------------------------

IV. Que mediante auto de las nueve horas veintinueve minutos del nueve de febrero de dos mil

dieciocho se confirió audiencia especial a la Administración licitante para que se refiriera a los

recursos interpuestos y aportara copia completa del cartel, entre otros aspectos identificados en

el citado auto. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

V. Que la Administración atendió la audiencia especial mediante oficio No. AM-OF-146-2018 del

trece de febrero de dos mil dieciocho y recibido en misma fecha en esta Contraloría General.----

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VI. Que esta resolución se emite dentro del plazo fijado en el ordenamiento jurídico, habiéndose

observado las prescripciones legales y reglamentarias correspondientes.------------------------------

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CONSIDERANDO

I. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO INTERPUESTO POR WPP CORICLEAN LOS

PINOS WASTE DISPOSAL S.A. La Administración al atender la audiencia especial expone que

el recurso resulta inadmisible, por cuanto la recurrente incumple con una obligación sustancial

para poder ser siquiera considerada o evaluada en esta contratación. Remite a la sección H,

punto 9 del cartel, en cuanto a que el oferente debe presentar documento probatorio de que el

terreno ofrecido para la disposición y tratamiento de los residuos incluido en el reglón requerido

es propiedad del oferente o bien cuenta con la autorización de uso que abarca como mínimo 5

años y que en todo caso no se puede tratar de terrenos del Estado. Señala que en información

actualizada al 15 de diciembre de 2017 y elaborada por el ente rector en la materia, el Ministerio

de Salud, la recurrente no es una gestora autorizada de residuos en el país. Afirma que el

relleno sanitario en el que en la actualidad se brinda el servicio de tratamiento y disposición final

de residuos para el cantón Central de Cartago, es propiedad de la Municipalidad de Cartago, y

corresponde a la finca del partido de Cartago No. 15620. Manifiesta que si bien existe un

inmueble contiguo al citado fundo, que se emplea en parte para ese proceso, esa finca tampoco

es propiedad de la apelante. Expone que tampoco existe evidencia de que la objetante esté

autorizada por el propietario de un relleno existente y en operación para autorizarlo, sobre todo

considerando que los rellenos existentes son explotados por empresas que compiten con la

recurrente en este mercado. Indica que por tal razón el recurso es inadmisible. Criterio de la

División: vistos los señalamientos que realiza la Administración en atención a la audiencia

especial que se le confirió para que se pronunciara sobre los recursos de objeción presentados,

ha de indicarse que precisamente se está ante la tramitación de recursos de objeción. Así,

aunque la Administración invoca la inadmisibilidad del recurso para el caso de la empresa WPP

Coriclean Los Pinos Waste Disposal S.A. debe estarse a las regulaciones propias de la

objeción, por lo que conviene considerar el contenido del artículo 178 del Reglamento a la Ley

de Contratación (RLCA) respecto a la presentación y legitimación –tratándose del recurso de

objeción-, que en lo que interesa señala: “Este recurso podrá ser interpuesto por cualquier potencial

oferente (…)” Es decir, se está ante una etapa procedimental de impugnación por parte de los

potenciales oferentes, de interesados a participar, con lo cual se estima que lo cuestionado por

la Administración se relaciona con la aptitud para resultar adjudicatario, lo que atiende más a

aspectos propios del recurso de apelación (artículos 184 y 188 del RLCA). Así, los

cuestionamientos sobre las condiciones que la recurrente cumple o no, no corresponden a esta

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etapa de formación y consolidación del cartel. En razón de lo indicado, este órgano contralor

procede a conocer el recurso por el fondo. -----------------------------------------------------------------------

II. SOBRE EL FONDO DE LOS RECURSOS. A. SOBRE EL RECURSO INTERPUESTO POR

MANEJO INTEGRAL TECNOAMBIENTE S.A. 1) Sobre punto 9, experiencia. La objetante

expone que al estar ante un requisito de admisibilidad que impone la obligación mínima de 10

años de experiencia en el mercado nacional, se vulnera el principio constitucional y legal de

igualdad y libre competencia, regulado por el artículo 5 Ley de Contratación Administrativa

(LCA), ya que -afirma- en Costa Rica sólo la empresa EBI DE COSTA RICA SA podría cumplir

con dicho requisito. Indica que si se desea “premiar” la experiencia podría evaluarse pero que

no puede pretenderse que un plazo mínimo –y menos tan amplio, como 10 años- sea un filtro

para que sólo una empresa pueda participar y dejar otras empresas interesadas sin opción.

Indica que el grupo de empresas que conforma puede acreditar más de 20 años de experiencia

a nivel internacional, lo cual daría un respaldo al servicio que se ofrece, pero de la forma en que

se está planteando deja por fuera la posibilidad de ofertar. Indica que se genera un desequilibrio

a favor de un posible oferente, ya que por el plazo de la experiencia se le excluiría –a la

recurrente- pese a que afirma ser la única empresa que tiene un relleno sanitario con todos los

permisos para ofrecer el servicio a la Municipalidad. Manifiesta que existe la posibilidad legal,

siempre dentro de los límites de la racionalidad y proporcionalidad, de „premiar o castigar‟ a

quien tenga más o menos experiencia, pero ello no puede ser utilizado para filtrar y excluir

posibles oferentes, como afirma, resultaría en el presente caso. Considera que de mantenerse

las disposiciones cuestionadas se caería en el absurdo de que en la práctica se estaría en

presencia de un oferente único, lo cual también va en contra del interés público, ya que podría

darse el caso de que se cobre una suma extraordinaria, fuera de los precios de mercado, por el

sólo hecho de que se sabe, de ante mano, ganador. La Administración manifiesta su aceptación

y señala que se considerará la experiencia internacional debidamente certificada con

documentos originales recientes con no más de un mes de emitidos y por autoridad

competente, con todas las formalidades que exige la legislación internacional, o en su defecto

una declaración jurada al respecto, debidamente protocolizada. Criterio de la División: la

cláusula cuestionada dispone lo siguiente: “9. EXPERIENCIA DEL OFERENTE. / COMO

REQUISITO DE ADMISIBILIDAD: Para el renglón requerido los oferentes deberán demostrar que

cuentan con experiencia positiva de al menos diez (10) años en la ejecución de servicios de transporte,

recolección y disposición final de residuos sólidos ordinarios, como una Empresa debidamente

constituida dentro del mercado nacional, demostrado con la aportación de la tabla de referencia bajo la fe

4 del juramento, protocolizado de las entidades ubicados a nivel nacional a los que se les ha brindado el

servicio, sean éstas públicas o privadas./ La información solicitada debe presentarse con el siguiente

formato (…) Únicamente se tomará en cuenta la experiencia indicada en proyectos iniciados y finalizados

o en ejecución en los últimos 10 años” (folio 99 del expediente de objeción). Considerando tal

contenido, se tiene que el cuestionamiento es sobre la cantidad de años de experiencia en el

mercado nacional que se invoca por la objetante como una limitación a la libre participación. Al

respecto ha de indicarse que la recurrente no acredita que únicamente una empresa en

particular esté en posibilidades de cumplir, e incluso, no acredita que ella misma no pueda

cumplir en los términos estipulados en el cartel; no obstante, siendo que la Administración

acepta considerar la experiencia internacional, lo cual implicaría una apertura al pliego

cartelario, en atención a que la misma recurrente ha señalado la posibilidad de cumplir con la

experiencia a nivel internacional, se declara parcialmente con lugar el recurso en este punto. Se

le hace ver a la Administración que con la variación deberá plasmar en el cartel el requerimiento

de manera clara y en cuanto a la forma de acreditación debe observar las disposiciones del

ordenamiento jurídico. De igual manera, deberá tenerse presente que el artículo 56 del RLCA

estipula: “Cuando la Administración, solicite acreditar la experiencia, se aceptará en el tanto ésta haya

sido positiva, entendida ésta, como los bienes, obras o servicios recibidos a entera satisfacción, debiendo

indicar el cartel la forma de acreditarla en forma idónea. Igual regla se seguirá cuando se trate de

experiencia obtenida en el extranjero”. 2) Sobre metodología de evaluación, factor distancia. La

objetante expone que el cartel refiere a una distancia máxima de 100km, con lo cual –afirma- se

vulnera el principio de igualdad y libre competencia, ya que impide que empresas con sitios de

disposición a una distancia mayor, puedan participar. Considera que aunque no se expone

como un requisito de admisibilidad, de hecho lo es y manifiesta que nuevamente es un filtro a

favor de la empresa EBI DE COSTA RICA S.A., que sería la única empresa en Costa Rica con

esa posibilidad. Señala que si se desea “premiar” a sitios más cercanos, pudo hacerlo poniendo

diferentes porcentajes de calificación según las distancias, pero considera que establecer una

distancia máxima en la forma que lo está hacienda, supone una limitación a la participación.

Adicionalmente, indica que dicha disposición es contradictoria con la establecida en la página

17 del cartel, que establece claramente la obligación del oferente de proponer “(…) también en

su oferta una opción obligatoria de trasbordo asociada a un costo por tonelada que se sumará a

la del relleno sanitario propuesto, esta opción deberá estar dentro del territorio de la

Municipalidad del Cantón Central de Cartago (…)”. Expone que precisamente la lógica de una

estación de trasbordo es permitir que los residuos puedan ser recolectados en camiones

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ordinarios y trasladados hasta el sitio de disposición final en camiones especiales, cuyo

volumen de transporte es mucho mayor. Esta opción sólo es razonable precisamente cuando el

sito de disposición final es a mucha distancia de donde se recolectan los residuos, en algunos

casos a centenares de kilómetros. Considera que si el mismo cartel está obligando a que se

ofrezca una opción de trasbordo, cuestiona cuál es la lógica que se ponga una distancia

máxima con respecto al sitio de disposición final; indica que eso atentaría precisamente contra

la razón de ser de las estaciones de trasbordo. En tales casos, cada oferente deberá hacer sus

propias valoraciones y considerar dentro del monto de sus ofertas, las distancias y los costos

para el traslado y la disposición final, de manera tal que en última instancia queda claro que

nadie va a ofertar perdiendo dinero por el servicio y tampoco nadie va a cobrar más de lo

razonable, pues quedaría fuera del concurso, por un monto sobre estimado. Alega que la

disposición, genera un desequilibrio a favor de un posible oferente, ya que por la distancia del

recorrido, la recurrente estaría quedando excluida de la posibilidad de participación en este

proceso licitatorio, pese a ser la única empresa que tiene un relleno sanitario con todos los

permisos para ofrecer el servicio a la Municipalidad. Señala que existe la posibilidad legal,

siempre dentro de los límites de la racionalidad y proporcionalidad, de „premiar o castigar‟ a

quien “esté más cerca o más largo”, pero considera que jamás tales condiciones pueden ser

utilizadas para filtrar y excluir posibles oferentes, como afirma, resultaría en el presente caso.

De mantenerse las disposiciones cuestionadas –afirma- se caería en el absurdo de que en la

práctica se estaría en presencia de un oferente único, lo cual también va en contra del interés

público, ya que podría darse el caso de que se cobre una suma extraordinaria, fuera de los

precios de mercado, por el sólo hecho de que se sabe, de ante mano ganador. Afirma que la

distancia no afectaría a la Municipalidad, pues se solicita un sitio de transbordo en el cantón de

Cartago, así que a su criterio, no importaría a qué distancia se ubique el relleno sanitario. La

Administración rechaza la solicitud y afirma que fijar 100 km como distancia máxima no es

antojadizo ni arbitrario. Expone que esa distancia máxima se consideró a partir de la realidad

actual en el que se realiza la disposición y tratamiento de los residuos del cantón, es decir, el

relleno municipal que bajo un contrato explota un tercero. Indica que este relleno se ubica

aproximadamente a 8 km del Palacio Municipal; indica que de hecho el cartel señala 10 km o

menos en uno de sus extremos. Indica que por ese servicio, y al amparo del artículo 74 del

Código Municipal los contribuyentes del cantón pagan dos tasas separadas que son recolección

y por otro lado tratamiento, con la aclaración de que la primera tasa comprende también el

transporte (remite a anexo de tarifas vigentes). Indica que a la empresa adjudicataria actual se

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le paga por el tratamiento y disposición de los residuos, por lo tanto, con la licitación en examen

a más de 100 km se “exponencia desproporcionalmente” el rubro transportes que impactaría

por 10 la tasa actual de recolección en el componente de transporte, que impactaría

directamente la economía de sus contribuyentes, y haría esa tasa confiscatoria. Señala que lo

anterior, sin dejar de lado, el aumento en la depreciación de las unidades que se utilicen para el

transporte y otros costos asociados, como combustibles, aceites, repuestos, ente otros.

Manifiesta que adicionalmente, una mayor distancia exigiría aumentar la flota de recolectores o

el costo por alquiler de unidades adicionales, todo lo cual afecta evidentemente los

contribuyentes, lo que hace inviable que supere los 100 km. Criterio de la División: uno de los

factores de evaluación es la “Distancia hasta el relleno sanitario”, rubro al que se le asigna un

puntaje del total del sistema de evaluación, de 30 puntos. Así, lo que se evalúa según el cartel

es lo siguiente: “Distancia menor o igual a 10km desde el Palacio Municipal al relleno sanitario

obtiene 30 PUNTOS / Se evaluará tomando en cuenta el factor distancia en 30 puntos, todo en

ecuaciones proporcionalmente decreciente con relación al mejor factor ofrecido. Entonces el

que ofrece menor distancia tendrá mejor puntuación, para esto se tomará como base una

distancia mínima ideal de 10 km (que es la distancia actual que recorren los recolectores al sitio

de tratamiento desde el Palacio Municipal) y una distancia máxima de 100km en excedencia de

los 10km ideales. Así, cada kilómetro tendrá un valor de 0.3 puntos, quedando la ecuación de

siguiente forma (…)” (folio 107 del expediente de objeción). En este punto el cuestionamiento es

en torno a la distancia máxima establecida, la cual, se observa, si bien se ubica en el sistema

de evaluación, se entiende un límite máximo a la distancia, toda vez que si al factor únicamente

se le asigna un total de 30 puntos que se asignará a quien tenga una distancia menor o igual a

10km, se entiende que distancias mayores al límite máximo de distancia estipulado, más allá de

no obtener puntaje, no serían aceptables. Incluso la Administración al atender la audiencia

especial manifiesta que “fijar 100 km como distancia máxima no es antojadizo ni arbitrario”, con

lo cual defiende tal cantidad de kilómetros como máximo. Ahora, partiendo de que la distancia

máxima fijada se trata de un elemento de estricto cumplimiento, y asumiendo la lectura que

realiza la Administración de que es ella –no la contratista del presente procedimiento- quien

debe llevar los residuos al lugar de disposición y tratamiento ha de indicarse lo siguiente. Debe

recordarse que para alcanzar una debida fundamentación tratándose del recurso de objeción no

basta con alegar una imposibilidad de cumplimiento, sino que ha de acreditarse que en efecto la

condición o requisito exigido no se puede cumplir y que por ello existe una limitación a la libre

participación. Tal ejercicio, se estima no es realizado por la recurrente, ya que se echa de

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menos por ejemplo, el señalamiento de dónde se ubica el sitio que está en posibilidades de

ofertar y a cuánta distancia se ubica; tampoco trae prueba de ello que permita a este órgano

contralor derivar que en efecto existe tal limitación. Además, no puede perderse de vista que

incluso, estando acreditada una limitación –que no es el caso-, por esa sola razón no se impone

por sí mismo, acceder una variación a una cláusula cartelaria. Lo anterior, por cuanto el recurso

de objeción está visualizado para eliminar limitaciones o restricciones injustificadas, y en este

caso no se ha acreditado que en efecto la limitación carezca de justificación, incluso de frente a

la defensa que ha planteado la Administración, en cuanto a la erogación en la que se tendría

que incurrir respecto a la recolección y la remisión que realiza al artículo 74 del Código

Municipal, que en lo que interesa dispone: “Por los servicios que preste, la municipalidad

cobrará tasas y precios que se fijarán tomando en consideración su costo más un diez por

ciento (10%) de utilidad para desarrollarlos. (…) Los usuarios deberán pagar por los servicios

de (…) recolección separada, transporte, valorización, tratamiento y disposición final adecuada

de los residuos ordinarios (…) En el caso específico de residuos ordinarios, se autoriza a las

municipalidades a establecer el modelo tarifario que mejor se ajuste a la realidad de su cantón,

siempre que este incluya los costos, así como las inversiones futuras necesarias para lograr

una gestión integral de residuos en el municipio y cumplir las obligaciones establecidas en la

Ley para la gestión integral de residuos, más un diez por ciento (10%) de utilidad para su

desarrollo”. Por su parte, el artículo 178 del RLCA dispone que: “El recurso deberá presentarse

con la prueba que se estime conveniente y debidamente fundamentado a fin de demostrar que

el bien o el servicio que ofrece el recurrente puede satisfacer las necesidades de la

Administración”. Ante ello, no se observa un ejercicio argumentativo por parte de la recurrente,

amparado en prueba idónea, dirigido a entender que una distancia mayor a 100 km de igual

modo satisface la necesidad que tiene la Administración. De lo expuesto por la recurrente no se

logra desvirtuar la presunción de validez que tiene el cartel y se estima que no ha brindado

elementos suficientes a este órgano contralor que le permitan tener por acreditada una

limitación injustificada a su participación en cuanto a la distancia del sitio de disposición.

Respecto a la fundamentación vale considerar la posición de esta Contraloría General,

expuesta en la resolución No R-DAGJ-005-2006 del 03 de enero del 2006 en los siguientes

términos: “(...) mediante la interposición de este recurso, los potenciales oferentes ayudan a la

Administración en la formulación y depuración del pliego de condiciones; (…) No obstante, esta

posibilidad prevista por el artículo 81 de la Ley de Contratación Administrativa debe ejercerse en forma

sustentada, pues quién afirma posee la carga de la prueba. Al respecto ha indicado este Despacho que:

8 (…) ha de reiterarse la naturaleza que tienen tanto el cartel como el recurso de objeción al cartel. Se

presume que la función administrativa del Estado tiene un fin público y que por lo tanto sus actos (en este

caso los carteles de una licitación) se presumen dictados apegados al ordenamiento jurídico y

básicamente como instrumento de satisfacción de los intereses generales. De tal suerte que cada cartel

lleva implícita la presunción de apego a los principios de la contratación administrativa y del resto del

ordenamiento jurídico, siempre partiendo de la supremacía del interés general sobre cualquier otro. Sin

embargo, es claro que no siempre las actuaciones administrativas son tan objetivas y, por lo tanto, el

ordenamiento jurídico contempla la posibilidad de que sujetos particulares puedan impugnarlas con el

afán de desvirtuar esa presunción, labor que, tal como se indicó líneas atrás, no es simple ya que más

allá de las meras consideraciones que pueda tener el objetante se trata del ejercicio jurídico de un

recurso procesal que debe estar acompañado de lo que podríamos llamar la carga de la prueba en

materia de objeciones al cartel, es decir, para cuestionar y evidenciar que ese acto presuntamente

apegado al interés general es contrario a los principios rectores de la contratación administrativa el

objetante está en la obligación de traer argumentos y pruebas –ambos- apropiados es decir que

respalden su “mero dicho”. Y es que acá debe partirse de otro elemento fundamental que conviene

reiterar, los procedimientos de contratación administrativa no son concursos que han de ser abiertos a

todo el mercado de manera irrestricta y por encima de las necesidades concretas que tiene cada entidad

licitante; ello llevaría no solo al caos comparativo de ofertas que son diametralmente diferentes y por lo

tanto incomparables, sino principalmente a un fuerte riesgo de afectación a la satisfacción de las

necesidades públicas. En otros términos, la libre concurrencia y la igualdad de trato no han de ser

entendidas como portillos irrestrictos para todo aquel que desee concursar, sino como un punto de sano y

razonable equilibrio entre las verdaderas necesidades que debe satisfacer la Administración Pública y un

trato justo y equitativo a todos aquellos potenciales oferentes que sí logran contribuir adecuadamente en

esa delicada labor. En la práctica ese equilibrio, así como la justicia y equidad que ha de perseguir el

ordenamiento jurídico se logra mediante la incorporación únicamente de cláusulas limitativas (o más bien

delimitativas) que tengan el adecuado sustento técnico, legal y financiero pero concomitantemente

mediante la posibilidad revisar esas cláusulas, en aras de la adecuada satisfacción del interés general e

igualmente mediante argumentos objetivamente fundamentados, que permitan el estudio del cartel no

solo desde la perspectiva de los intereses particulares, sino primordialmente desde la óptica de la función

social o colectiva que persigue el Estado.” (…) De esa forma, no existe un derecho a objetar sino en

forma sustentada, indicando no solo las limitaciones a la participación sino también fundamentando

apropiadamente tales aseveraciones, esto es, aportando la prueba pertinente que acredite las diversas

afirmaciones que se hagan en el recurso (...).” Ahora bien, lo dicho se entiende bajo el supuesto de

que la Administración es la que lleva los residuos, no obstante, existiendo una cláusula en el

cartel que refiere a un transbordo “dentro del territorio de la Municipalidad del Cantón Central de

Cartago”, debe la Administración aclarar la cláusula de transbordo, ya que de existir tal

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posibilidad carecería de interés y lógica su defensa para establecer una distancia máxima de

100 kilómetros. En razón de todo lo que viene dicho, se impone declarar parcialmente con lugar

el recurso en este punto. Consideración de oficio. Se hace ver que la distancia máxima

estipulada se ubica en el sistema de evaluación, y tratándose de cláusulas de estricto

cumplimiento, según se entiende, éstas deben ser evidenciadas como parte de los requisitos de

admisibilidad, para lo cual se insta a la Municipalidad para que realice los ajustes respectivos,

debiendo quedar claramente establecido si los 100 kilómetros que se comentan son propios de

admisibilidad o no. 3) Sobre sitios de disposición alternos. La objetante cuestiona que en el

sistema de valoración también se premia el que se tenga más de dos sitios para la disposición,

lo cual –afirma- solamente lo cumple la empresa EBI de Costa Rica, y se está enfocando la

calificación a que la empresa que lo cumple sea la ganadora, sin un beneficio real para la

Administración. Indica que el hecho de otro sitio alternativo, sería un tema que la Administración

debería de solicitar a la empresa adjudicada que tenga que cubrir cualquier costo adicional en

caso de que el sitio ofrecido lo cerrarán por alguna razón, no el que se tenga otro sitio adicional,

ya que esto no garantiza a la Municipalidad que en caso de un incumplimiento no estén

cerrados los dos sitios ofrecidos. De mantenerse las disposiciones cuestionadas –afirma- se

caería en el absurdo de que en la práctica se estaría en presencia de un oferente único, lo cual

también va en contra del interés público, ya que podría darse el caso de que se cobre una suma

extraordinaria, fuera de los precios de mercado, por el sólo hecho de que se sabe, de antemano

ganador. La Administración indica que lo que se busca es en aras de satisfacer el interés

público, que se cuente con facilidades de otro sitio alterno, no aportándose prueba alguna del

pretendido favorecimiento o del alegado quebranto al principio de igualdad, siendo de aplicación

aquí el principio de onus probandi, en cuanto a que la carga de la prueba para demostrar esa

alegada discriminación corresponde a quien la alega. En todo caso, al estar en juego la salud

pública, así como la tutela del ambiente y hasta de la vida, es dable introducir requerimientos

como el que es cuestionado, con el único fin de asegurar el principio de continuidad del servicio

público establecido en el artículo 4 de la Ley General de la Administración Pública, que se torna

aún más dramático en cuanto a su tutela, cuando se trata de bienes tan ingentes como los

citados, de donde no es siquiera posible arriesgar a la colectividad a que el servicio se vea

interrumpido por cualquier causa que afecte al sitio principal. Criterio de la División: el cartel

estipula como factor de evaluación el elemento “Rellenos alternativos” al que se le concede un

máximo de 20 puntos. Así, se puntúa la cantidad de rellenos disponibles, si se cuenta con un

(1) sitio alternativo se conceden 15 puntos, y si se cuenta con dos (2) o más sitios alternativos

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se conceden 20 puntos. Respecto a dicho factor la cláusula cartelaria indica “La evaluación

correspondiente a la oferta que aporte uno o más sitios alternativos aparte del sitio principal. Para dichos

sitios se podrán considerar siempre que cumplan con todos los requisitos de admisibilidad establecidos

en el cartel y se ubiquen dentro de una distancia razonable del Cantón de Cartago, es decir, la distancia

que deben recorrer los vehículos recolectores desde el Centro del Cantón de Cartago (Palacio Municipal)

hasta el relleno sanitario y será medida como la distancia entre esos dos (2) puntos circulando por vías

públicas asfaltadas y transitables todo el año, el oferente debe indicar dicha distancia, la cual podrá ser

comprobada por la Administración. Esta necesidad es producto de las situaciones vividas por la

Municipalidad durante las tormentas pasadas, en las que los caminos estuvieron cerrados y en

consecuencia es muy importante para la continuidad del servicio contar con más de un sitio de

disposición a fin de minimizar el riesgo sanitario” (folio 108 del expediente de objeción). Tal y como

se observa, la cláusula corresponde a una condición por la cual se conferirá puntaje, es parte

del sistema de evaluación, siendo que es en la estipulación de los factores de evaluación donde

la Administración ejerce sus más amplias potestades discrecionales. Ante ello, no resulta

aceptable la posición de la recurrente de limitarse a alegar que sólo una empresa puede cumplir

–sin traer prueba de ello- , no pudiendo acreditarse un direccionamiento del cartel a una

empresa en particular. Así, estima este órgano contralor que la recurrente no desarrolla con el

debido sustento probatorio, que el factor en cuestión no sea razonable o arbitrario,

desproporcionado, no pertinente o que torne al sistema de evaluación en inaplicable. En razón

de lo dicho, se declara sin lugar el recurso en este punto. Observación de oficio. Se observa

que en el contenido de la cláusula se utiliza el término “distancia razonable”, ante lo cual deberá

la Administración definir qué se debe entender por distancia razonable, para así alcanzar un

cartel –claro, objetivo, no abierto a interpretaciones- en los términos del artículo 51 del RLCA. 4)

Sobre lugar de trasbordo. La objetante indica que se establece la obligación de que, en el

plazo máximo de tres meses, después de autorizado por la Municipalidad, se tiene que tener

habilitado un lugar de transbordo, lo cual manifiesta, dependerá del lapso que duren las

autoridades dando los permisos respectivos, por lo cual el tiempo máximo para tener el sitio

operando no debería de considerar los plazos que puedan durar las instituciones autorizándolo.

De mantenerse las disposiciones cuestionadas –afirma- se caería en el absurdo de que en la

práctica se estaría en presencia de un oferente único, lo cual también va en contra del interés

público, ya que podría darse el caso de que se cobre una suma extraordinaria, fuera de los

precios de mercado, por el sólo hecho de que se sabe, de ante mano ganador. La

Administración indica que en cuanto al trasbordo del que se queja la recurrente, manifiesta que

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a mayor distancia que deba recorrer el trasbordo, mayor costo para la Municipalidad en el rubro

transporte, y por ende para los contribuyentes. Criterio de la División: el cartel estipula “El

Oferente propondrá también en su oferta una opción obligatoria de transbordo asociada a un costo por

tonelada que se sumará a la del relleno sanitario propuesto, esta opción deberá estar dentro del territorio

de la Municipalidad del Cantón Central de Cartago y contará con un plazo máximo de tres meses para el

inicio de operación si la Municipalidad la autoriza para lo cual se incluirá en una adenda al contrato con

todas las formalidades necesarias” (folio 97 del expediente de objeción). Visto el contenido de la

cláusula de frente al cuestionamiento de la recurrente, se estima que no se acredita que en

efecto sólo una empresa tenga tal sitio en los términos exigidos, como para entender que el

cartel tenga un sesgo a favor de una empresa específica. Por otra parte, se tiene que la

recurrente no trae prueba de que esté imposibilitada a cumplir, se limita a enunciarlo sin un

desarrollo argumentativo con sustento en prueba para entender que en efecto el requisito se

constituye en un limitante y que tal limitante sea injustificada. Ahora, en cuanto al plazo, no

establece cómo, considerando el plazo estipulado cartelariamente está en imposibilidad de

cumplir. Obsérvese que no hace tan siquiera la indicación de las diferentes instituciones que

participarían y cómo influye en lo que está en capacidad de ofertar. En razón de lo anterior, se

declara sin lugar el recurso en este punto. B. SOBRE EL RECURSO INTERPUESTO POR

WPP CORICLEAN LOS PINOS WASTE DISPOSAL S.A. 1) Sobre patente municipal, punto

10.5.2. La objetante se refiere al punto 10.5.2 y expone que tal contenido es contrario a lo que

dispone expresamente la Ley de Patentes de la Municipalidad de Cartago, toda vez, que el

hecho generador, es realizar una actividad productiva dentro del territorio del Cantón de

Cartago, de modo que debe de enmendar ese requisito la Municipalidad licitante para todos

aquellos casos en los que el servicio ofertado se haya de prestar fuera de la jurisdicción del

Cantón de Cartago, ya que exigir patente para actividades comerciales o de servicios fuera de

su jurisdicción violenta la autonomía y jurisdicción de las demás municipalidades, donde se

ubique el relleno sanitario que haya de ofertarse (cuando el mismo esté en otro cantón). La

Administración expone que el objeto contractual claramente lo constituye un servicio a favor de

la Municipalidad de Cartago y que precisamente el artículo 13, inciso c de la Ley No. 7248,

expresamente contempla los servicios como actividades que constituyen el hecho generador de

la obligación tributaria del impuesto de patente municipal, como lo es la realización de la

actividad lucrativa de servicios de tratamiento y disposición. Criterio de la División: el cartel

estipula en la cláusula 10.5.2 lo siguiente: “Presentar certificación de encontrarse al día con la

Patente Municipal correspondiente, y de no ser del Cantón Central de Cartago, deberá tramitar una

12 Patente Temporal en la Municipalidad de Cartago, por el plazo de ejecución del servicio, misma que debe

ser presentada cuando se solicitan la Garantía de Cumplimiento y demás documentación” (folio 88 del

expediente de objeción). Vistos los planteamientos de ambas partes y tratándose de patente

municipal, debe partirse del contenido del artículo 79 del Código Municipal, que en lo que

interesa dispone que “Para ejercer cualquier actividad lucrativa, los interesados deberán contar con

licencia municipal respectiva, la cual se obtendrá mediante el pago de un impuesto. Dicho impuesto se

pagará durante todo el tiempo en que se haya ejercido la actividad lucrativa o por el tiempo que se haya

poseído la licencia, aunque la actividad no se haya realizado.” Por su parte, la Ley No. 7428, sobre

Impuestos Municipales de Cartago, estipula que “Todas las personas físicas o jurídicas, que se

dediquen al ejercicio de cualquier tipo de actividad lucrativa, en el Cantón Central de Cartago y que

hayan obtenido la respectiva licencia, pagarán a la Municipalidad el impuesto de patentes que las faculte

para llevar a cabo esas actividades” (artículo 1); y que “El impuesto de patentes será fijado por la

Municipalidad de acuerdo con lo establecido en la presente Ley” (artículo 2). Siendo que el artículo 13

del citado cuerpo legal y que incluso invoca la Administración dispone que “El pago del impuesto

de patente municipal establecido en esta Ley, tiene como hecho generador todas las actividades

lucrativas comprendidas en la clasificación internacional de actividades económicas que se señalan

seguidamente: (…).c) Servicios: Comprenderá los servicios prestados al sector privado o al sector público

o a ambos, que sean brindados por organizaciones o personas privadas. También comprenderá el

transporte, almacenaje, comunicaciones, establecimientos de enseñanza privada y los de esparcimiento”.

Lo anterior implica considerar el objeto del procedimiento, el cual lo constituyen los servicios de

“tratamiento y disposición de residuos sólidos” -folio 81 del expediente de objeción- , no

desprendiéndose así de lo expuesto las razones invocadas por la Administración. Incluso, el

Reglamento para el Manejo de Residuos Sólidos del Cantón Central del Cartago en su artículo

3 distingue entre “La recolección, transporte, almacenamiento, disposición final”, siendo que en

el artículo 6, indica que la Municipalidad es responsable, en materia de gestión integral de

residuos sólidos, de las siguientes competencias “b) Prestar los servicios de recolección,

transporte, tratamiento, y disposición final de residuos sólidos ordinarios.” Con lo cual se

entiende que el servicio de tratamiento y disposición final de residuos sólidos lo pretende

contratar a una empresa. En Dictamen No. 462 del 21 de diciembre de 2007 emitido por la

Procuraduría General de la República se indicó: “(…)la razón de gravar con el impuesto de patente

municipal las actividades comerciales realizadas en un determinado cantón, (como parte del sistema de

financiamiento de las municipalidades) deriva no solamente de lo dispuesto en el numeral 170 de nuestra

Constitución, sino que - en armonía con tal disposición - también tiene una justificación de naturaleza

social, la cual supone la necesidad de sufragar todos aquellos servicios públicos que brindan los

13 gobiernos locales en beneficio de la Municipalidad, mismos que se traducen en mejores garantías de

seguridad, higiene, orden y ornato local, las cuales sin duda facilitan y permiten el ejercicio de la actividad

comercial lucrativa; y tal deber de contribuir con los gastos públicos de las entidades municipales.

También tiene su arraigo en los artículos 18 y 33 de nuestra Carta Magna, en el tanto que el impuesto de

patente debe ajustarse a los principios de igualdad, proporcionalidad, racionalidad y generalidad, que

configuran los llamados principios constitucionales de justicia tributaria material. (…) Establecida la

naturaleza del Impuesto de Patente Municipal, es necesario para resolver el punto en cuestión,

determinar en qué consiste y cuándo se produce el hecho generador de la obligación tributaria y cómo se

determina la base imponible del impuesto de patente municipal en el Cantón Central de Cartago a la luz

de la Ley N° 7248 de 26 de junio de 1991. / A- Del hecho generador: (…) Partiendo del principio de que el

hecho generador de la obligación tributaria, se conceptúa como el presupuesto de hecho establecido en

la ley para tipificar el tributo y cuya realización da origen al nacimiento de la obligación tributaria (artículo

31 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios), y que tal hecho generador se configura a partir

del momento en que se realicen las circunstancias materiales necesarias para que se produzcan los

efectos que correspondan, o en las situaciones jurídicas, desde el momento en que estén definitivamente

constituidas de acuerdo a la ley ( artículo 32 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios

), tratándose del impuesto de patente municipal del Cantón Central de Cartago regulado en la Ley N°

7248, el hecho generador del impuesto, depende de la coexistencia de dos factores: la realización de una

actividad lucrativa en el Cantón Central de Cartago y la obtención previa de una licencia municipal, tal y

como anteriormente se ha pronunciado al respecto la Procuraduría. (…)No queda la menor duda de que

el hecho económico previsto por el legislador como capaz de generar consecuencias jurídicas (hecho

generador), lo es el ejercicio de actividades lucrativas y no las rentas que deriven de su ejercicio.”

(Subrayado no corresponde al original). Teniendo claro lo anterior, esta Contraloría General de

la República en resolución No. R-DCA-63-2009 de las 11:00 horas del 31 de julio de 2009 ha

indicado: “Del criterio expuesto, se puede arribar a las siguientes conclusiones: 1) La patente comercial

regulada en el Código Municipal está referida al ejercicio de actividades lucrativas sujetas a un impuesto,

actividades que se definen en las correspondientes leyes de impuestos municipales; 2) Dicha licencia

comercial no es exigible a actividades que no estén comprendidas en las leyes de impuestos

municipales, aun y cuando puedan generar un lucro a la persona que las realiza; 3) La verificación y

determinación de que una actividad lucrativa se encuentra incluida dentro de las actividades que deben

indispensablemente contar con una licencia de comercialización, es un tema que compete

inexorablemente a cada municipio para efectos del cobro de tributos. Lo anterior tomando en

consideración que los gobiernos locales, son los únicos en capacidad real de determinar las actividades

realizadas por determinada persona, física o jurídica, dentro de su circunscripción territorial. Aunado a lo

dicho precedentemente, tratándose el objeto del procedimiento de contratación recurrido, de bienes

mayoritariamente de importación, para los cuales tan siquiera se exige la tenencia de un establecimiento

14 fijo para la venta directa de los mismos, es sumamente difícil determinar hasta donde llegaría tal

exigencia, por ejemplo cabe preguntarse si la licencia municipal se debe tener en el municipio donde se

establece el domicilio social de la empresa, o bien donde se va a prestar el servicio, entregar el bien,

construir la obra e incluso se podría considerar que en ambos. En ese orden la misma apelante, de

resultar readjudicataria del concurso una de las obligaciones que debe suplir es el mantenimiento

preventivo y correctivo del equipo, labor con la cual estaría prestando en servicios en una localidad

diferente a la que acredita tener una licencia municipal para realizar ciertas actividades lucrativas.” De lo

que viene dicho, considerando que el objeto es disposición y tratamiento de residuos sólidos, no

su transporte, no queda claro el fundamento de la Administración para establecer una patente

en los términos cartelarios considerando el servicio a contratar. Por lo tanto, deberá la

Administración ajustar la disposición a la normativa citada, para lo cual deberá tener especial

consideración con lo correspondiente al lugar de transbordo –que podría implicar disposición- y

las implicaciones de éste en la cláusula cuestionada en este punto. A partir de las razones

expuestas se declara parcialmente con lugar el recurso. 2) Sobre estados financieros, punto

10.5.7. La objetante se refiere al punto del cartel que exige que el "oferente deberá presentar

estados financieros de los dos últimos periodos fiscales (2014-2015, 2015- 2016)" lo cual

considera es incorrecto, ya que los dos últimos periodos fiscales son 2015-2016 y 2016-2017.

Manifiesta que la Municipalidad debe corregir ese detalle. La Administración expone que en

relación con las fechas de los períodos fiscales, se está ante un error material y lo correcto es:

"El oferente deberá aportar los estados financieros completos auditados para los últimos 2

períodos fiscales (2015-2016, 2016-2017). Aclara que lo que se busca con el requisito es tutelar

aún más los intereses púbicos que representa la Municipalidad en relación con el monto

cuantioso de la contratación y en particular el interés de darle a sus munícipes un adecuado

servicio de disposición y tratamiento de residuos que se asegura en cuanto a este requisito

conociendo, con un instrumento financiero tan autorizado, la realidad del eventual adjudicatario

en cuanto a sus finanzas. Criterio de la División: el cartel en el punto en cuestión estipula

“10.5.7. (…) El oferente deberá aportar los estados financieros completos auditados para los

últimos 2 períodos fiscales (2014-2015, 2015-2016)” (folio 88 del expediente de objeción). Visto

el momento en que es promovida la contratación y considerando el allanamiento de la

Administración, se declara con lugar el recurso en este punto. 3) Sobre cierre técnico La

objetante se refiere a la sección segunda, renglón N°1, tratamiento y disposición de residuos

sólidos, y manifiesta que en un recuadro se hace referencia al cierre técnico, de manera ilegal y

arbitraria. Alega que la Municipalidad carece de fundamento legal o técnico para excluir como

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oferentes a aquellos que propongan la prestación de servicio en un relleno sanitario en cierre

técnico, lo anterior es así en aplicación del principio de legalidad en la Administración Pública,

es decir, que sólo puede la Municipalidad de Cartago hacer lo que la ley expresamente le

permite, y no existe norma alguna que le permita realizar discriminaciones odiosas o contrarias

a la ley, como en este caso, que lo a su criterio lo que se pretende es favorecer a empresas

competidoras – de la recurrente-. Expone que una limitación de ese tipo sólo procedería si

existiera fundamento en la técnica y la ciencia, lo cual no es el caso. Afirma que un relleno

sanitario dependiendo de su tamaño perfectamente puede recibir y tratar adecuadamente el

tonelaje pretendido por la Municipalidad de Cartago, en la etapa que cierre técnico, en la cual lo

que se pretende es conformar taludes y en general darle al terreno una condición adecuada y

definitiva. Considera que tal exigencia no tiene razón de ser y es contraria a los principios de la

técnica y la ciencia. Alega que el Municipio debe ser objetivo al momento de contratar y deberá

de aceptar a todas las empresas oferentes que se encuentren en posibilidad de cumplirle con el

servicio contratado; de modo que si ese servicio puede brindársele para el tonelaje de residuos

de marras, en un relleno en etapa de cierre técnico u otro que no esté en esa etapa, resulta

indistinto, el servicio será el mismo, y por tanto debe la Municipalidad de Cartago acatar el

mandato constitucional de tratar a todos igualmente ante la ley, sin ningún tipo de

discriminación odiosa, como la que se estima se da en el presente caso. La Administración

afirma que el alegato es informal por cuanto no se cita una sola norma jurídica que lo respalde,

y no se acompaña de prueba alguna técnica y jurídicamente, ni en particular técnicamente, que

algún relleno del país que esté en cierre técnico pueda soportar en esa etapa la disposición y

tratamiento de los residuos del cantón Central de Cartago. Además, reitera lo referido a la

inadmisibilidad del recurso, en cuanto a que la recurrente no es propietaria de ningún relleno, ni

ha acreditado tener autorización de un tercero para explotar un relleno. Señala que si por

alguna razón ese alegato pretende sustentarse en la operación del Relleno Sanitario de

Cartago, propiedad de la Municipalidad de Cartago y que tiene como parte denominado WPP

Continental de Costa Rica S.A., no ha demostrado la autorización de ese tercero para esos

efectos, que ese contrato vence el 12 de junio de 2018, y la Municipalidad ha establecido que

técnicamente ese contrato no puede prorrogarse, amén de que se requeriría autorización de la

Municipalidad y de otros órganos como la SETENA, para que se pudiera en un relleno que debe

ser entregado con el cierre técnico, permitir en la etapa de post cierre que el tercero, o sea la

recurrente, ejecute el contrato al que se refiere la licitación en el relleno propiedad de la

Municipalidad de Cartago. Se refiere a lo expone el Reglamento de Rellenos Sanitarios en el

16

artículo 3, inciso p), que señala que la vida útil de relleno sanitario depende de su configuración

final conforme a los criterios de diseño contenidos en la memoria de diseño respectiva y demás

requisitos establecidos en el reglamento; configuración, criterios y memorias de diseño que no

se aportan en este acto. Manifiesta que evidentemente esta etapa es incompatible con la

explotación de un relleno como lo pretende la recurrente, lo que hace que el requisito que se

impugna sí pueda ser exigido. Criterio de la División: como parte de las especificaciones

técnicas y otras condiciones, en el cartel se estipula lo siguiente: “El Relleno sanitario no podrá

encontrarse en cierre técnico, garantizando mediante documentación idónea una vida útil mínima mayor

o igual que el plazo máximo del presente concurso, incluyendo sus prórrogas. Al respecto, los oferentes

deberán aportar declaración jurada ante notario público, indicando que el Relleno Sanitario no se

encuentra en cierre técnico y que la vida útil mínima en etapa operativa es mayor o igual a la vigencia

máxima del contrato (4 años)” (subrayado no corresponde al original) (folio 93 del expediente de

objeción). A partir de tal cláusula que impone una limitación en cuanto a que el relleno sanitario

no puede encontrarse en cierre técnico, vale considerar la defensa de la Administración cuando

remite al Reglamento sobre Rellenos Sanitarios (Decreto No. 38928-S): “p) Vida Útil del Relleno

Sanitario: Período de tiempo estimado para completar la totalidad de las celdas con residuos incluyendo

su configuración final conforme a los criterios de diseño contenidos en la memoria de diseño respectiva y

demás requisitos establecidos en este reglamento.” Con lo cual se tiene que la misma

Administración realza la importancia de la vida útil referenciada en la misma cláusula cartelaria.

Ahora bien, la recurrente no acredita que el sitio que está en posibilidad de ofrecer se encuentre

en cierre técnico, ni llega a demostrar que no cuente con otras alternativas para la disposición y

tratamiento de los residuos, consecuentemente se declara sin lugar este extremo del recurso. Al

respecto vale considerar la resolución No. RC-001-2002 de las 9:00 horas del 02 de enero de

2002: “...la Administración, a efecto de cumplir con el fin público que es de su competencia, está llamada

a satisfacer sus necesidades en las condiciones que resulten más favorables para el interés general y el

mejor cumplimiento del servicio público que le compete.- A tal efecto, el control de legalidad que ejerce

posee los límites conocidos para ese ejercicio (artículo 16 de la Ley General de la Administración

Pública). Vista la objeción de la firma recurrente, así como la respuesta dada por la Administración, la

cual rechaza la objeción planteada, este Despacho es del criterio de que no obstante que la recurrente ha

demostrado en qué le impide participar, resulta claro para este Órgano Contralor el criterio de la

Administración en este caso específico. La Administración licitante, que es la que mejor conoce la

necesidad que pretende satisfacer, es la llamada a establecer los requerimientos cartelarios bajo su

potestad discrecional, y atendiendo al interés público, de tal manera que este Despacho no puede

imponer comprar otro tipo de (...), pues no nos compete, de tal manera que se mantiene el criterio

17

expuesto por ella.” 4) Sobre días para brindar el servicio. La objetante cuestiona en la sección

segunda, en cuanto al 'Uso y Días de Recibo de Residuos", lo que afirma, se realiza sin

fundamento legal y arbitrariamente. Afirma que la cláusula constituye una condición leonina,

que pretende la Municipalidad de Cartago imponer a todos los oferentes, cual es brindar el

servicio pactado, en días no hábiles, en que normalmente no opera el relleno sanitario, que

coincide con días de descanso o feriados no previstos en el cartel (como el 11 de abril, el 17 de

junio, el 25 de julio, o el 15 de agosto) siendo que el sentido común indica que operar un relleno

sanitario esos días implica un costo más elevado, toda vez que son días que todo el lapso

laborado es de jornada extraordinaria, debiendo de pagarlo doble a sus trabajadores la

empresa adjudicataria, y pretende la Municipalidad un enriquecimiento sin causa, para días que

esa misma Municipalidad reconoce que serían por razones de caso fortuito o fuerza mayor, es

decir imprevisibles. Considera que sobre ese particular debe la Municipalidad de Cartago

enmendar su cartel y establecer ya sea el pago de las diferencias en costos que al adjudicatario

le signifique trabajar esos días, o requerir el servicio los 365 días del año, para que los precios

ofertados contemplen ese costo adicional, con el consecuente costo que implique ello para la

Municipalidad al operar sus camiones y hacer los traslados de residuos sólidos los 365 días del

año. Indica que en el apartado "Horario de recibo de Residuos" el ente licitante no emplea

lenguaje imperativo, lo cual considera evidentemente significa que en materia de horario, podrá

negociarse, y de ser contrario a los intereses de la adjudicataria, ésta podría negar el servicio

fuera del horario pactado. Siendo que el mismo trato debe de brindársele a los días de recibo

de residuos, porque es lo que establece no sólo la ley, sino el sentido común. Alega que no

puede la Municipalidad imponer una carga futura e incierta con un incremento de costos que

rompe obviamente el equilibrio financiero de lo que se está pactando, por el contrario los costos

sobrevinientes e imprevistos, derivados obviamente entre otros por la fuerza mayor o el caso

fortuito, en aras de preservar ese equilibrio entre las partes, debe de verse reflejado en la

revisión de precios, ya que a mayores costos mayor debe ser también el precio. Concluye que –

en resumen- debe de eliminarse del cartel la expresión: "...no incurriendo la Municipalidad en

desembolsos adicionales", por cuanto contraviene la ley, la Constitución y lo que ha resuelto

inclusive la Sala Constitucional en materia de reajustes y variaciones de precios. La

Administración considera que el alegato es informal, indica que hasta se violentaría la

Constitución Política y la jurisprudencia constitucional, así como otra normativa infra legal, sin

citar las normas jurídicas de esos cuerpos normativos que estarían siendo violentados. Alega

que no se da el respaldo jurídico de lo que invoca. Se refiere a lo que en doctrina se ha definido

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como los institutos del caso fortuito y la fuerza mayor y realiza varias transcripciones sobre

estos elementos según consta a folios 71 y 72 del expediente de objeción. Y a partir de ello,

manifiesta que como se ve, es consustancial a esas figuras su no previsibilidad y la no

posibilidad de resistirlos. Indica que de esta forma cuando ocurra un hecho de caso fortuito o

fuerza mayor, considera que es evidente que la persona que los sufre asume circunstancias

excepcionales y en el caso de un servicio público, como el de tratamiento y disposición de

residuos esa afectación va a ser mayor en la medida en que la no adecuada disposición y

tratamiento de residuos impacta decisivamente la salud pública y el medio ambiente que son

bienes de rango constitucional, y obligan a su atención, de donde es lógico que la Municipalidad

irroga un costo, por lo que no existe enriquecimiento sin causa al exigir al eventual adjudicatario

que atienda esas circunstancias sin costo adicional porque además estas situaciones de caso

fortuito o fuerza mayor ni son feriados como lo menciona la recurrente, ni son usuales en cuanto

a su acaecimiento, porque se volverían previsibles y por lo tanto asumibles. Criterio de la

División: la cláusula cuestionada se identifica como “Uso y Días de Recibo de Residuos” y

estipula lo siguiente: “El adjudicatario debe recibir residuos de lunes a sábado, incluyendo todos los

días feriados con excepción del: 1 de enero, 1 de mayo, 15 de septiembre y el 25 de diciembre. / Cuando

por razones de caso fortuito o de fuerza mayor, se requiera entregar residuos en un día no hábil, la

Municipalidad de Cartago realizará las gestiones pertinentes ante el adjudicatario, quien deberá proceder

con la solicitud, no incurriendo la Municipalidad en desembolsos adicionales” (folio 94 del expediente

de objeción). Se observa así en el primer párrafo una regulación sobre los horarios, de lunes a

sábado y feriados con indicaciones de cuáles de ellos no. Sin embargo, impone un actuar al

adjudicatario, de recibir en día no hábil residuos sin costo para el Municipio. Ante ello, ha de

indicarse que si bien la Administración plantea en su cartel la mejor forma que estima para

garantizar la satisfacción del interés público, se trata de una relación contractual, en la que hay

contraprestaciones, siendo que ambas partes asumen un rol, de quien paga por un servicio y

quien brinda el servicio. No sería factible trasladar toda la carga al contratista de asumir sin

costo obligaciones, ya que se entiende debería pagar por lo efectivamente tratado o dispuesto,

por las toneladas que efectivamente reciba, según corresponda. Así, deberá la Administración

regular aquellos supuestos en que requiera de un servicio de carácter excepcional brindando

seguridad jurídica y debiendo estar plasmado en el cartel cómo pretende hacerlo, considerando

que el cartel debe ser claro y completo para efectos de elaborar la oferta, en el proceso de

selección e incluso para el adecuado desarrollo en ejecución contractual. Bien podría

establecerse, por ejemplo, que el oferente consigne un precio diferenciado en caso de que

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tenga que dar el servicio en los días no estipulados, esto de presentarse situaciones de caso

fortuito o fuerza mayor. En razón de lo dicho se declara parcialmente con lugar el recurso en

este punto. 5) Sobre posibilidad de participación de otros sujetos. La objetante se refiere al

“Tipo de Camiones Recolectores y otros servicios relacionados" que menciona la posibilidad de

suscribir convenios (entre entes de derecho público) con otras municipalidades de la región de

Cartago, en los cuales obviamente no podría participar la empresa adjudicataria, ya que para

ello la ley exigiría de concurso público. Alega que entonces, debe enmendarse el cartel, para

que expresamente, se precise el procedimiento mediante el cual la Municipalidad de Cartago

deberá de desempeñarse como intermediaria entre la adjudicataria y las demás

municipalidades, incluido el hecho que deberá la Municipalidad de Cartago cobrarle a las

demás municipalidades y pagar puntualmente de manera directamente a la adjudicataria, ya

que será con la Municipalidad de Cartago y no con las demás, que se firmará el contrato de

esta licitación, es decir que la Municipalidad de Cartago deberá asumir su condición de garante,

y quedar expresamente establecido en el cartel y después en el contrato, que como licitante y

por ello garante del servicio que se preste a otras municipalidades (indistintamente de la

procedencia inicial de los residuos sólidos), la Municipalidad de Cartago pagará de la misma

forma y plazos la totalidad de facturas, sin ningún tipo de distinción, prioridad o preferencias, y

con las mismas consecuencias por el incumplimiento del pago. La Administración expone que la

cláusula obedece al espíritu del artículo 7 del Código Municipal y transcribe su contenido.

Expone que lo que se busca es dejar abierta la posibilidad como acontece actualmente, que

otras Municipalidades como la de Paraíso, Oreamuno, El Guarco y otras, que depositan sus

residuos en el relleno municipal de la institución, y que al vencer el contrato vigente supra

referido, el 12 de junio de 2018, deban interesarse en una solución como la que ocupa esta

licitación. Expone que a mayor abundamiento la disposición cartelaria claramente señala que de

ejercitarse esa opción no se afectarían los términos del contrato, y que obedece a la aplicación

del principio "pacta sunt servanda", de donde se entiende que en el evento de que la

Municipalidad de Cartago suscriba convenios con dichos entes de derecho público, sus

obligaciones contractuales con el eventual adjudicatario permanecerán incólumes, no siendo

necesaria la participación de privados porque las Municipalidades están facultadas por ley,

como se ha visto, para concertar convenios en ese sentido. Criterio de la División: el cartel

dispone: “Tipo de Camiones Recolectores y otros servicios relacionados. / El adjudicatario debe recibir

residuos que se transporten en camiones recolectores compactadores o en camiones adaptados para la

recolección de residuos, tipo vagoneta o similar. Se deberá recibir residuos que se transporten en los

20 camiones propios de la Municipalidad de Cartago, camiones alquilados para tal fin o vehículos de

empresas que sean contratadas por la Municipalidad de Cartago para realizar la recolección de residuos

en el Cantón. En el caso de otras municipalidades de la región Cartago, que mantengan o suscriban un

convenio (entre entes de derecho público) con la Municipalidad de Cartago, todo de acuerdo con la

normativa nacional existente, se deberá recibir los residuos segmentando el servicio por municipalidad y

mantener el precio, plazo y cosa, en idénticas condiciones a lo ofertado a la Municipalidad de Cartago,

para lo cual la Municipalidad de Cartago potestativamente aprobará dicha adición y dará las instrucciones

pertinentes al Adjudicatario para el efectivo control del servicio” (subrayado no corresponde al

original) (folio 94 del expediente de objeción). El artículo 7 del Código Municipal estipula que

“Mediante convenio con otras municipalidades o con el ente u órgano público competente, la

municipalidad podrá llevar a cabo, conjunta o individualmente, servicios u obras en su cantón o

en su región territorial.” Analizados los cuestionamientos de la recurrente y la respuesta de la

Administración, estima este órgano contralor, que la Municipalidad debe analizar la cláusula a

fin establecer si se cumple con la normativa de contratación administrativa, entre ella la propia

de servicios por demanda –artículos 161, 162 inciso b) y 171 del RLCA- y si jurídicamente la

forma planteada se adecua al marco jurídico. Tal análisis de la normativa y el ajuste de la

cláusula a ella, debe efectuarse considerando las expectativas de recepción para la disposición

y tratamiento de residuos lo cual puede incidir en la capacidad del relleno que en principio se

busca para salvaguardar los intereses del cantón Central de Cartago. Además, la ecuación

económica que realiza cada oferente lo hace en función del histórico que se le debe dar a los

oferentes, situación que puede cambiar con las cantidades de residuos de otros municipios.

Ante ello, incluso se debe analizar si aplica o no otras figuras del ordenamiento jurídico como el

convenio marco. Todo lo dicho deberá ser analizado para determinar la validez de la cláusula.

En razón de lo dicho, se declara parcialmente con lugar el recurso en este punto. 6) Sobre

deberes y responsabilidades del adjudicatario. La objetante se refiere a la cláusula sobre

"Deberes y responsabilidades del Adjudicatario" y expone que carece de fundamento jurídico la

intención de la Municipalidad de Cartago, de coadministrar la empresa de la adjudicataria, al

imponer ese mecanismo de instrucciones imperativas. Considera, que debe corregirse en ese

aspecto el cartel, de modo que la Municipalidad pueda exigir el cumplimiento de estándares de

calidad en el servicio, todo lo cual debe estar expresamente pactado, pero sin ir más allá, de

pretender gerenciar a la empresa adjudicataria, ya que violenta el principio de autonomía de la

voluntad, al subyugar la adjudicataria a la voluntad de la licitante. La Administración afirma que

resulta de aplicación el principio de que en la claridad no se interpreta, y que el requisito en

21

referencia señala sin mayor esfuerzo intelectual que: "Por razones de fuerza mayor o

emergencia, el administrador del servicio de la Municipalidad de Cartago realizará las gestiones

pertinentes ante su contraparte para que ésta reciba residuos fuera de la jornada laboral

anteriormente indicada." Indica que como se ve, la posibilidad de que la Municipalidad se sirva

de circulares y otros de acatamiento obligatorio hacia el adjudicatario, tiene por causa eficiente

el acaecimiento de situaciones de tipo especial o transitorias y está sujeta y condicionada a que

se conformen con la ley, donde si el contenido de la instrucción municipal es ilegal, el

adjudicatario no debe obedecer. Afirma que la Municipalidad no tiene intención de co-gerenciar

o co-administrar el objeto contractual, porque precisamente se está licitando porque la

Municipalidad no dispone del recurso para hacerlo y lo que se busca es que en situaciones

como las descritas, esté facultada la comuna para ordenar lo pertinente en función del interés

público tan claro que subyace en esta licitación al tener por objeto último la adecuada

disposición y tratamiento de residuos sólidos, en resguardo de la salud, la vida y el ambiente de

los munícipes ni de cualquier administrado que por alguna razón se vea involucrado en esa

disposición y tratamiento, sin perjuicio del hecho que las eventuales circulares o directrices que

se giren deberán tener un contenido lícito, en aplicación del artículo 132.1 de la Ley General de

la Administración Pública. Criterio de la División: el contenido del cartel que se cuestiona

estipula: “Deberes y responsabilidades del Adjudicatario. /Para situaciones de tipo especial o transitoria

el administrador del proceso girará instrucciones por escrito por los canales establecidos (circulares,

notas, entre otros), El (sic) adjudicatario, o al funcionario que él designe y debe acatar la instrucción

girada, todo de acuerdo con la ley y la normativa de la contratación administrativa (…)” (folio 98 del

expediente de objeción). Nótese que las situaciones a las que refiere la cláusula son de “tipo

especial o transitorias”, es decir, no corresponden a la normal ejecución del contrato. Por lo

tanto, la citada cláusula deberá aplicarse según lo indicado por la Administración al atender la

audiencia especial que le fue conferida. En razón de todo lo dicho, se declara sin lugar el

recurso en este punto. 7) Sobre contabilización de la experiencia. La objetante señala que

debe de corregirse la descripción hecha en la sección segunda, al definirse el parámetro de

experiencia así: "Únicamente se tomarán en cuenta la experiencia indicada en proyectos

iniciados y finalizados o en ejecución en los últimos diez años." (Resaltado corresponde al

original), siendo que alega que tal redacción no es la más feliz, ya que es a todas luces

ambigua, y considera que podría interpretarse en su perjuicio. Indica que si la experiencia debe

ser no menor los diez años, como indica el primer párrafo de ese subtítulo, no puede limitarse a

los últimos diez años la misma, y menos aún sin precisar, de qué fecha a qué fecha, porque

22

podría ser desde la fecha de apertura lo últimos diez años u otra distinta que no se precisa y no

puede quedar ello al arbitrio del ente licitante. Expone que no queda claro que se tomará en

cuenta toda la experiencia igual o superior a diez años, o sólo parte de ella (aunque sea igual o

superior a diez años) si la ejecución del servicio finalizó dentro del último decenio, siendo así las

cosas es una condición de admisibilidad imposible de cumplir. Al respecto manifiesta que si

requieren mínimo diez años de experiencia, contada antes de la fecha prevista de apertura,

sería desde el 22 de febrero de 2008 al 22 de febrero de 2018, de modo que cualquier

experiencia parcial en ese lapso, no se tomaría en consideración, lo que obligaría a los

oferentes a tener un contrato de esos servicios cuyo plazo sea del 22 de febrero de 2008 al 22

de febrero de 2018, ya que si la experiencia inició después del 22 de febrero de 2008, no

tendría los 10 años de experiencia mínima, igual sucedería si finalizó antes del 22 de febrero de

2018, ya que se establece que sólo se tomará en consideración la experiencia de los últimos

diez años. Dicho de ese modo, señala que bien podría tener –la objetante- 20 años de

experiencia, pero si los servicios prestados por los que se acredita esa experiencia concluyeron

hace 1 año sería descalificada, ya que no cumpliría el mínimo de 10 años de experiencia.

Afirma que lo lógico es que el ente licitante defina un mínimo de experiencia, y pondere el

exceso de experiencia otorgando mayor puntuación a la misma, conforme se posea, así se

trataría a los iguales como iguales y a los desiguales como desiguales, y no mediante una

fórmula que califica de incoherente y absurda. Manifiesta que posteriormente en el cartel se

indica que "La información será verificada por el área técnica y aquella oferta que no cumpla

con la experiencia mínima solicitada será excluida automáticamente de este concurso y no será

tomada en cuenta para efectos de calificación." Además, indica que no prevé cómo se evaluará

la experiencia en casos de ofertas conjuntas u otras modalidades de contratación que regula y

posibilita la legislación costarricense. La Administración considera que el alegato es

desconsiderado y temerario. Afirma que la disposición cartelaria es muy clara al respecto:

“Únicamente se tomará en cuenta la experiencia indicada en proyectos iniciados y finalizados o

en ejecución en los últimos 10 años”. Considera que es muy claro que si se tienen 20 años de

experiencia respecto de un proyecto determinado y ese proyecto concluyó el año anterior, se

cumpliría con este requisito, porque ese año está dentro de los l0 años que se están solicitando.

Criterio de la División: la cláusula en cuestión dispone: “Únicamente se tomará en cuenta la

experiencia indicada en proyectos iniciados y finalizados o en ejecución en los últimos 10 años”

(folio 99 del expediente de objeción). Al respecto ha de indicarse que el cartel también estipula

como requisito que “los oferentes deberán demostrar que cuentan con experiencia positiva de al

23

menos diez (10) años en la ejecución de servicios de transporte, recolección y disposición final

de residuos sólidos ordinarios” (folio 99 del expediente de objeción). Ello se impone entonces

como un requisito de admisibilidad que necesariamente ha de cumplir el oferente so pena de

exclusión, de allí la importancia de que en el cartel esté definido con toda claridad la manera en

que se contabilizará la experiencia, a partir de qué momento y hasta cuándo, en qué términos

se aceptará, estipular con claridad los hitos que servirán de parámetros para la contabilización,

entre otros elementos importantes. Sin embargo, de la lectura del contenido cartelario

cuestionado se estima que es abierto a interpretación, así las cosas podría establecerse un

escenario a: “iniciados o finalizados” y un escenario b: “en ejecución”. El que una cláusula sea

susceptible de ser interpretada en más de un sentido, conduciría a problemas a lo largo del

procedimiento. Por otro lado, se tiene que el cartel posibilita la participación en consorcio y

estipula que “Podrán presentarse ofertas de tipo consorcio para la Contratación de Servicio de

Tratamiento y Disposición de Residuos Sólidos” y hace referencia a que uno de los integrantes

“posea la experiencia nacional en el manejo de residuos sólidos municipales” (folio 82 del

expediente de objeción). Con lo cual debe tomar en consideración el contenido del artículo 73

del RLCA sobre experiencia en consorcios “En proyectos de cierto volumen o en los cuales resulte

importante valorar experiencia, la Administración deberá señalar en el cartel las reglas conforme las

cuales ponderará la experiencia obtenida en proyectos en los que se haya participado bajo la forma

consorciada, a fin de evitar que por una escasa participación se pretenda derivar experiencia por todo el

proyecto. En todo caso la Administración podrá fijar el porcentaje mínimo de participación que la empresa

haya debido tener en el consorcio, para considerar esa experiencia.” De todo lo que viene dicho, se

impone declarar parcialmente con lugar el recurso en este punto, siendo que el cartel debe

ajustarse de conformidad con lo expuesto. 8. Sobre no empleo de terrenos del Estado o

instituciones. La objetante se refiere al recuadro al final de la página 19, del numeral 9 sobre

experiencia del oferente. Alega que se prohíbe de manera no fundamentada el empleo de

terrenos del Estado o sus instituciones, careciendo de norma expresa alguna que le autorice

realizar ese tipo de discriminación. Expone que la Municipalidad de Cartago lo que requiere es

la prestación de un servicio concreto, dónde y cómo se preste, siempre que sea acorde a

derecho debe ser bajo el principio de igualdad ante la ley. Expone que suponiendo que otra

municipalidad, una empresa de servicios públicos, o un tercero, -incluida la objetante quisiera

concursar para brindar ese servicio en un terreno del Estado, tal limitación la excluiría

automáticamente, sin que exista norma alguna que de fundamento a esa discriminación odiosa,

ni criterio válido alguno de la técnica o la ciencia. Considera que requerir que el inmueble donde

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se ubique el relleno sanitario no sea propiedad del Estado, resulta abusivo, ilegal e igualmente

arbitrario. Siendo incluso en este particular más notorio el ánimo de beneficiar a las empresas

competidoras y perjudicarle –a la recurrente-. Afirma que no existe una sola norma jurídica en

Costa Rica que posibilite a la Municipalidad de Cartago exigir que sólo se contrate un relleno

sanitario que no sea propiedad del Estado, si su ánimo es beneficiar a determinada empresa

competidora, como –afirma- en efecto queda demostrado, hubiese exigido la ubicación del

relleno sanitario. La Administración señala que no se explica por qué se violentaría el principio

de igualdad, si la recurrente no está registrada ante el Ministerio de Salud, ni tampoco está

autorizada por un propietario de un relleno público o privado para emplear un relleno propiedad

de un tercero público o privado, sin dejar de lado que reconoce, que esos rellenos están siendo

explotados por empresas competidoras de su mismo giro. Indica que se discriminaría en

consecuencia si se dieran esas dos condiciones, toda vez que el principio de igualdad exige

para su quebrando el que se discrimine entre iguales. Expone que conoce esa Municipalidad

que el único relleno autorizado, conocido que explota en un terreno público, es el relleno

propiedad de esa Municipalidad, y no existe prueba en contrario y no se puede olvidar que en

tanto bienes públicos los bienes de la Administración Central y la Descentralizada, incluida la

territorial, no pueden ser objeto de aprovechamiento particular en los términos del artículo 262

del Código Civil, por lo que es claro que para un institución pública permitiera que un terreno de

su propiedad fuera aprovechado por un tercero, a la vez de que en atención a esa misma

naturaleza jurídica, se excluye cualquier otro destino que no sea el que legalmente tiene.

Criterio de la División: la cláusula en cuestión estipula que “El oferente debe presentar

documento probatorio de que el terreno ofrecido para la disposición y tratamiento de los residuos incluido

en el reglón requerido es propiedad del oferente o bien cuenta con la autorización de uso que abarca

como mínimo 5 años, en todo caso no se puede tratar de terrenos del Estado” (folio 99 del expediente

de objeción). Visto el cuestionamiento de la recurrente, se tiene que no realiza mayor desarrollo

argumentativo como para entender que con la cláusula se le impone una limitación injustificada.

Se recuerda que como un primer elemento de la adecuada fundamentación tratándose del

recurso de objeción es acreditar que a partir del contenido de la cláusula, se vea impedido a

participar, demostrando, por ejemplo, en el caso particular, que en efecto el terreno con el que

cuenta es propiedad del Estado y que no le sea posible contar con otros terrenos a fin de

ajustarse a la cláusula. Se estima que la recurrente no le brinda suficientes elementos a este

órgano contralor como para imponer una modificación cartelaria. Así, las cosas, ante la falta de

fundamentación se declara sin lugar el recurso en este punto. 9) Sobre revisión periódica de

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precios. La objetante se refiere a la página 23 del cartel sobre revisión periódica de precios, y

que se indica que será vinculante los parámetros establecidos por el reglamento de la

Contraloría General de la república, y se cita inclusive la circular publicada en La gaceta N° 232

del 2 diciembre de 1982, no obstante establece la posibilidad que el oferente rescinda el

contrato en caso que el resultado sea una reducción de precio, lo cual atenta contra los

intereses de esa propia Municipalidad, lo cual evidentemente excede las potestades de esa

Municipalidad. Pero más grave aún es el hecho que indica el cartel que para las variaciones de

precios se empleará los índices de precios para el productor Industrial (IPPI) el mismo que está

en desuso desde hace tiempo, siendo que el índice empleado para estos fines actualmente por

el Banco central de Costa Rica es el Índice de Precios al Productor Manufacturero (IPP-MAN).

Indica que si se detiene a ver la fórmula de variación o reajuste de precios, dada por la

Municipalidad de Cartago, la misma no es la que ha aprobado la Contraloría General de la

República en la actualidad, en la circular indicada supra, y señala cuál es la fórmula que estima

correcta. Indica que consecuentemente debe de corregirse la fórmula a emplear en el cartel,

para que sea incluida la correcta, dada por la Contraloría General de la República, y no la otra.

La Administración indica que en lo que respecta a la objeción a la revisión periódica de precios,

se acepta y por lo tanto se aplicará la fórmula que consta a folios 77 y 78 del expediente de

objeción. Criterio de la División: visto lo alegado por la recurrente y la respuesta de la

Administración, ha de tenerse presente la diferencia básica entre la revisión periódica de

precios y la revisión de precios –ambas cláusulas reguladas a folio 23 del cartel, 103 del

expediente de objeción-. La revisión periódica de precios, corresponde a los sondeos de

mercado para identificar cambios en los precios, según se indica en el cartel en la cláusula

“REVISIÓN PERIÓDICA DE LOS PRECIOS”, propia de los servicios por demanda. Mientras

que la cláusula “SOBRE LA REVISIÓN DE PRECIOS” corresponde al derecho del reajuste o

revisión de precios. La primera de las cláusulas refiere al comportamiento del mercado que

encuentra su sustento en los artículos 162 inciso b) y artículo 171 del RLCA sobre los servicios

por demanda; y la segunda refiere a variaciones y/o afectaciones de los costos, de conformidad

con la regulación del artículo 18 de la LCA sobre el mantenimiento del equilibrio económico del

contrato. Establecida la diferencia entre ambas, ha de indicarse que si bien se trata de

elementos distintos, pueden coexistir. Ahora bien, ha de indicarse que la Administración ha

aceptado variar la fórmula que corresponde al reajuste o revisión de precios, que regula el

citado artículo 18 de la Ley de Contratación Administrativa, no obstante, en su allanamiento

emplea mal el término al hacer referencia a la revisión periódica de precios que regula el cartel

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y que como se indicó arriba, corresponde a la revisión de precios en atención a la modalidad de

contratación. Dicho lo anterior, se acepta el allanamiento en cuanto a aplicar la fórmula sugerida

por esta Contraloría General, en la medida en que éste se refiera única y exclusivamente sobre

la revisión (reajuste) de precios, tanto en cuanto a la aceptación en la estructura del precio y la

fórmula para revisión de precio, así como la referencia del índice para el rubro de insumos.

Respecto a la rescisión en cuanto a la cláusula de revisión periódica de precios, la recurrente

no brinda mayor desarrollo como para encontrarla contraria a los artículos 162 inciso b) y

artículo 171 del RLCA, por lo que en este punto el recurso adolece de la debida

fundamentación. En razón de lo que viene dicho, se declara parcialmente con lugar el recurso

en este punto. 10) Sobre desempate, rellenos sanitarios alternos. La objetante considera

que en un último intento de beneficiar a un solo oferente, la Municipalidad de Cartago,

establece un puntaje de desempate premiando a aquella empresa oferente que le presente uno

o más rellenos sanitarios alternos, cuando por todos es sabido que sólo un oferente podrá

cumplir con ese requisito, aunque la distancia del relleno sanitario alterno hace inviable

económicamente el traslado de los residuos de Cartago hasta ese otro lugar, pero sí permite

discriminarle de manera abierta y manifiesta –a la recurrente-, y sin razón de ser alguna, ya que

afirma, si ella –objetante- ofertara un relleno sanitario en las proximidades de Cartago, el

argumento para requerir un relleno sanitario alterno, cae por su propio peso. Es por ello, que en

aras, de mantener el principio de igualdad se elimine ese puntaje, o por lo menos se asigne

parte del puntaje a las empresas que sólo un relleno sanitario oferten. Nótese que en este rubro

de rellenos alternativos, no todos podrían recibir puntaje, lo cual a todas luces no es equitativo.

La Administración expone que lo que se busca es en aras de satisfacer el indicado interés

público, que se cuente con facilidades de otro sitio alterno, no aportándose prueba alguna del

pretendido favorecimiento o del alegado quebranto al principio de igualdad, siendo de aplicación

aquí el principio de onus probandi, en cuanto a que la carga de la prueba para demostrar esa

alegada discriminación corresponde a quien la alega. En todo caso, al estar en juego la salud

pública, así como la tutela del ambiente y hasta de la vida, es dable introducir requerimientos

como el que es cuestionado, con el único fin de asegurar el principio de continuidad del servicio

público establecido en el artículo 4 de la Ley de Administración Pública, que se torna aún más

dramático en cuanto a su tutela, cuando se trata de bienes tan ingentes como los cita